jueves, 14 de mayo de 2015


EMIGRANTES-COMISION EUROPEA

            La Comisión Europea (CE) ha propuesto instaurar cuotas de acogida de emigrantes ilegales entre sus países miembros, imaginando de forma torpe y pueril que esta medida ayudaría a contener el flujo de ilegales que sigue llegando a las costas del sur de Europa, en su mayor parte procedentes de la convulsa Libia, donde no existe orden ni concierto tras el derrocamiento del régimen dictatorial de Muamar Gadafi.
            La medida es tanto más torpe que contraproducente porque establecer cuotas de acogida de ilegales va a tener el efecto contrario de lo que persigue Bruselas. Las mafias que trafican con los clandestinos, y éstos últimos, en lugar de interrumpir el tráfico van a acelerarlo y por cada subsahariano o magrebí acogido en Estocolmo o Francia, por ejemplo, un  centenar de candidatos querrán arrostrar la travesía del Mediterráneo a riesgo de perder la vida.
            El Reino Unido y Hungría han sido los primeros países europeos a decidir que ellos no aplicarán el método de cuotas porque están convencidos que gracias a esa medida se incrementará la avalancha de clandestinos.
            La CE ha propuesto también impedir que barcos y pateras no puedan partir de las costas libias, lo que supone una acción de carácter militar en cierto sentido. Pero los veintiocho no hacen más que discutir en balde y la propuesta sigue en espera de un apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
            En Asia el flujo de ilegales también se ha recrudecido en los últimos meses, pero allí son Australia y Nueva Zelanda los “Eldorados” adonde aspiran llegar bengalíes, birmanos, camboyanos, laotianos y otras nacionalidades. Y Australia ha tomado una decisión de rechazo con gran coraje, el coraje del que carecen los gobiernos europeos. Los barcos y barcazas de clandestinos no son aceptados de forma alguna y se les conduce a campos de retención creados en las islas de Nauru y Mano (Papuasia-Nueva Guinea) con el acuerdo de sus autoridades. Y a lo máximo que pueden aspirar los ilegales es a obtener un visado temporal australiano de tres años, al término del cual tendrán que abandonar el país o someterse a un examen drástico de su situación de refugiados.
            En los países de origen de los ilegales, el gobierno australiano ha difundido en los medios de comunicación y redes sociales mensajes en los que se declara sin tapujos “No hay solución. Ustedes (los emigrantes) no harán de Australia su casa”  /NO WAY. You will not make Australia your home/.
            Y el mismo mensaje se añade: “Si usted se embarca sin visado, tenga por seguro de que no entrará en Australia, porque toda embarcación que intente llegar ilegalmente a nuestro país será interceptada y conducida al exterior de nuestras aguas territoriales. Poco importa quién sea usted y de donde viene, así que piénselo dos veces antes de malgastar su dinero y dese cuenta de que los traficantes son unos mentirosos”.
            Haría falta que la CE diera pruebas de la misma decisión sin detenerse a integrar en sus consideraciones una impropia concepción de los derechos humanos. La Europa comunitaria., como dijera el antiguo Primer ministro galo, Michel Roccard, no puede acoger toda la miseria de este mundo”.
            La operación “Fronteras soberanas” lanzada por Australia representa un método de contención de los ilegales que algunas ONG han criticado sin pararse a considerar las razones que ha llevado Camberra a montarla contra viento y marea.             La opinión australiana la sostiene a tal punto que el Primer ministro conservador, Tony Abbott, fue elegido gracias a un programa en el que destacaba que detendría el flujo de emigrantes clandestinos.
            Pero en España, como en otros países europeos, la clase política no se decide a abordar el tema de la emigración como un asunto de primer orden  en el debate político cogiendo al toro por los cuernos.  Y para colmo de males, el programa europeo FRONTEX de defensa de las fronteras tiende a acoger a los ilegales en lugar de rechazarlos. 
            Claro está que hay que socorrer a las personas que, en su desesperación por llegar a las costas europeas y dado el mal estado de muchas embarcaciones de fortuna, caen al mar y peligran sus vidas. Pero esta acción humanitaria no debe impedir su repatriación cuando sea posible. Hay que dejarse de una vez tantos fariseísmos a los que estamos acostumbrados.

Manuel Ostos